24 oct. 2010

Poder, trauma y perdón


Por Miguel Angel Pichardo Reyes

Desde esta perspectiva podemos configurar una relación más compleja entre la memoria y el olvido asociada a eventos traumáticos. Caracterizamos tres tipos de relaciones entre la memoria y el olvido a partir del poder, el trauma y el perdón.

a)    La Memoria como la razón de los vencedores, supone el Olvido como negación de la vida, la identidad y la existencia de las víctimas.
b)   La memoria traumática como resistencia frente al poder y actualización del dolor, supone el olvido como evitación de la actualización del dolor traumático y persistencia del odio-resentimiento.
c)    La memoria sanada como resistencia al poder y recuerdo de la ofensa como perdonada, supone el sano olvido como sanación del recuerdo doloroso y del odio.

Para que una ética-política de la memoria pueda superar las hostilidades debe suponer una ética-psicológica del perdón. Sin embargo no podemos ser ingenuos, en tanto que la utilización ideológica de estos conceptos ha sido utilizada ampliamente por los vencedores. “Una revisión histórica señala como las leyes de amnistía y los indultos han tenido siempre un doble propósito: garantizar la impunidad de los responsables, en muchos de los casos de ambos bandos en conflicto, renunciando a toda sanción en nombre del bien común y de la paz social.” (Lira: 2000, p. 140).

Toda política de la impunidad se encuentra sustentada sobre el Olvido de la verdad y la Memoria de la mentira. Esta mentira es el ocultamiento sistemático de la realidad. Martín-Baró caracteriza a este fenómeno como “mentira institucionalizada”, proponiendo las siguientes características (Martín-Baró: 1988, pp. 73-74):

a)    Es una versión oficial de los hechos que ignora aspectos cruciales de la realidad, distorsiona otros e incluso falsea o inventa otros.
b)   Cuando, por cualquier circunstancia, aparecen a la luz pública hechos que contradicen frontalmente la “historia oficial”, se tiende alrededor de ellos un “cordón sanitario”, un círculo de silencio que los relega a un rápido olvido o a un pasado, presuntamente superado por la evolución de los acontecimientos.
c)    La expresión pública de la realidad, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, el desenmascaramiento de la historia oficial, de la mentira institucionalizada, son consideradas actividades “subversivas”.

La mentira institucionalizada trae consigo varias consecuencias psicosociales para las víctimas en tanto que se las silencia, se niega o se distorsionan los acontecimientos, culpabiliza a la víctima,  se niega su dolor y sufrimiento, se les aísla y estigmatiza, y en determinadas circunstancias se les persigue junto con las personas que se solidarizan (De Murguía: 2001, Ibarra: 1999, Martín-Baristain y Riera: 1992). Ante estas circunstancias la exigencia de verdad se hace imprescindible.

“Este saber llamado verdad, ha sido buscada, en muchos casos, como el sustituto de la justicia penal. Decir lo ocurrido, se ha dicho, permite restablecer un orden ético, en términos de principios, restablecer la dignidad de los perseguidos, reconocer la injusticia cometida con ellos.” (Lira: 2000, p. 146).

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